¿Por qué el Estado no puede gestionarse como una empresa y viceversa?
Existe una creencia popular en el mundo de los negocios, especialmente arraigada en el sector empresarial, de que el Estado resolvería la mayoría de sus problemas si tan solo se «gerenciara como una empresa privada». Desde la perspectiva de la administración de negocios, la agilidad, la optimización de recursos y la toma de decisiones basada en resultados financieros parecen la receta universal del éxito. En el Estado los procesos están atados a jerarquías rígidas y normativas, mientras que en los negocios privados o el sector empresarial la cultura de la agilidad, el costo de oportunidad y el riesgo, son la norma.
La diferencia fundamental entre ambos modelos radica en su raíz jurídica. En el ámbito corporativo, rige el principio de autonomía de la voluntad: los administradores pueden ejecutar cualquier acción que la ley no prohíba expresamente. Esto otorga al sector privado la flexibilidad necesaria para pivotar modelos de negocio, reestructurar presupuestos o sustituir proveedores en tiempo récord para mitigar riesgos o aprovechar oportunidades de mercado.
Por el contrario, la Administración Pública dominicana está estrictamente supeditada al Principio de Legalidad, consagrado en la Constitución y regulado por normativas como la Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública. Bajo este esquema, un funcionario u oficial público solo puede ejecutar aquello que la ley le faculta de manera explícita. El cumplimiento riguroso de procesos burocráticos y de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas no busca dinamismo, sino la salvaguarda de los fondos comunes y la prevención de la arbitrariedad institucional. Lo que en una empresa se cataloga como «proactividad o agilidad», en el aparato estatal podría tipificarse como una falta administrativa grave o una violación procedimental.
A pesar de los históricos y continuos esfuerzos por articular alianzas público-privadas y mitigar la carga burocrática, persiste una brecha estructural, jurídica y normativa insalvable entre ambos sistemas. La velocidad operativa del sector corporativo, impulsada por el costo de oportunidad y la competencia, choca inevitablemente con los tiempos de la administración pública, diseñados para garantizar el debido proceso y la legalidad. Esta diferencia de ritmos institucionales actúa como una barrera natural que impide una intersección absoluta, demostrando que ambos mundos operan bajo frecuencias temporales incompatibles.
La premisa de que el Estado resolvería sus desafíos estructurales si se administrara bajo una lógica puramente corporativa es un debate recurrente. Desde la perspectiva de la gestión empresarial, la agilidad operativa, la optimización de costes y los indicadores clave de rendimiento (KPI) orientados al beneficio parecen soluciones universales. Sin embargo, un análisis profundo de los esquemas de gestión pública revela la existencia de una línea roja institucional irreversible. La administración del Estado no responde a una ineficiencia accidental, sino a un diseño normativo y estructural cuyo fin último es el ordenamiento jurídico y el bienestar social, no la rentabilidad financiera.
1. La paradoja presupuestaria: Eficientización privada vs. Subejecución pública
En la administración pública la reducción de un presupuesto institucional no necesariamente significa la reducción de la deuda pública o una buena gestión de los recursos; de hecho, todo lo contrario. Sin embargo, ese mismo principio aplicado al ámbito empresarial es considerado optimización de los recursos, lo que genera una paradoja.
Una de las distinciones más críticas entre ambos sistemas radica en la interpretación del gasto. En el régimen empresarial, la reducción de costes y la contracción presupuestaria son interpretadas como una eficientización de los recursos que maximiza el margen de beneficio. Sin embargo, trasladar mecánicamente esta lógica al aparato estatal es un error analítico.
En la Administración Pública, la reducción o no ejecución de un presupuesto institucional no equivale a un ahorro saludable ni garantiza la reducción de la deuda pública. Al contrario, suele ser reflejo de una parálisis operativa o subejecución. Dado que el presupuesto público es un instrumento para dinamizar la economía y garantizar derechos, recortar la inversión estatal puede deprimir el crecimiento del Producto Interno Burto (PIB), deteriorar los servicios esenciales y, a largo plazo, obligar al Estado a recurrir a mayor endeudamiento para sostener la estructura pública. En el Estado, no gastar adecuadamente suele costar más caro que gastar.
2. Ciudadano vs. El Cliente
La gestión comercial se fundamenta en la segmentación de mercados; una empresa puede elegir excluir o desatender a un sector de la población si este compromete sus márgenes de rentabilidad. El Estado carece de esa prerrogativa, pues su contraparte no es un cliente con capacidad de pago, sino un ciudadano con derechos fundamentales inalienables. La cobertura pública debe ser universal, garantizando servicios en zonas geográficamente aisladas o socialmente vulnerables, independientemente de si la operación arroja un déficit financiero.
A pesar de esto, el Estado dominicano ha implementado transformaciones estructurales para asimilar mejores prácticas privadas sin desnaturalizar su función. Un ejemplo de este avance es la articulación del Programa Burocracia Cero y la evaluación continua mediante el SISMAP Burocracia Cero, un esfuerzo interinstitucional que busca digitalizar trámites y reducir la tramitología administrativa. Estos esquemas demuestran que es posible incorporar eficiencia procedimental y medición de calidad en el servicio público, pero siempre bajo el imperativo de la equidad social, una métrica inviable en un estado de resultados corporativo.
El desarrollo institucional de la República Dominicana evidencia que el objetivo no debe ser la conversión del Estado en una corporación, sino el fortalecimiento de sus propias capacidades de gestión. Mecanismos como la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP) demuestran que ambos sectores pueden converger eficientemente: el sector privado aporta capital, innovación y transferencia tecnológica, mientras que el Estado mantiene su rol regulador y garante del interés colectivo. Reconocer la línea roja que separa a ambos mundos es fundamental para diseñar políticas públicas realistas, transparentes y verdaderamente sostenibles.
3. Puntos de intersección: Coexistir sin destruir
Para lograr que el Estado y la Empresa coexistan sin una dependencia tóxica y sin destruirse mutuamente, el punto de conexión no es la fusión, sino el equilibrio regulatorio y la colaboración estratégica. No se trata de que el Estado actúe como una empresa, ni de que la empresa asuma el rol del Estado, sino de encontrar intersecciones institucionales.
El Estado como Árbitro Imparcial: Para no dañar al mercado, el Estado debe limitar su rol a ser un árbitro. Su función es garantizar las «reglas del juego» (seguridad jurídica, libre competencia, protección a la propiedad privada) a través de organismos como ProCompetencia o el Indotel.
El beneficio: El Estado no asume el riesgo comercial (no daña sus finanzas) y las empresas operan con reglas claras sin depender de favores políticos.
Las Alianzas Público-Privadas (APP) bajo la Ley 47-20: Este es el mecanismo de conexión por excelencia. Permite que el Estado delegue la eficiencia operativa, la construcción y el financiamiento de grandes obras (como carreteras, puertos o proyectos energéticos) al sector privado, pero reteniendo la propiedad del activo y la regulación de la tarifa para proteger al ciudadano.
El beneficio: El sector privado aporta la velocidad y la innovación tecnológica que el Estado no tiene, mientras que el Estado absorbe el impacto social sin comprometer el presupuesto nacional de golpe.
Responsabilidad Social Co-responsable y Cumplimiento (Compliance): La empresa privada no puede prosperar en un entorno social degradado. La conexión ética se da cuando el sector corporativo asume estándares de cumplimiento y sostenibilidad, mientras el Estado ofrece incentivos fiscales o la simplificación de trámites administrativos a través de la ventanilla única.
El beneficio: El sector privado mitiga riesgos reputacionales y operativos, mientras el Estado alivia su carga fiscal directa apoyándose en la inversión social empresarial.
Nota de la autora: Aunque no soy economista, abogada, ni ejerzo actualmente como funcionaria pública, los años dedicados al servicio del Estado y mi posterior camino como fundadora de mis propios proyectos comerciales me otorgaron una perspectiva privilegiada. Fue precisamente al vivir en carne propia ambos lados de la moneda cuando comprendí que la administración pública y el régimen empresarial comulgan en frecuencias e inercias temporales completamente diferentes. Se trata de una realidad estructural que muchos ciudadanos y profesionales de los negocios no han tenido la oportunidad de sopesar. Con estas líneas, he querido compartir este análisis desde mi óptica como empresaria en desarrollo, con la firme convicción de que solo entendiendo los límites y propósitos de cada sistema podremos construir un entorno socioeconómico más realista, transparente y colaborativo.
Fuentes bibliográficas y normativas:
- Constitución de la República Dominicana: Artículos relativos al régimen económico, la libre competencia y los principios rectores de la Administración Pública.
- Ley No. 247-12: Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial No. 10691 del 14 de agosto de 2012).
- Ley No. 41-08: de Función Pública (Gaceta Oficial No. 10458 del 24 de enero de 2008).
- Ley No. 340-06: sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Gaceta Oficial No. 10381 del 21 de agosto de 2006).
- Ley No. 47-20: de Alianzas Público-Privadas (Gaceta Oficial No. 10972 del 21 de febrero de 2020).
- Programa Burocracia Cero: Establecido mediante el Decreto No. 640-20, y sus indicadores de medición integrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP Burocracia Cero) administrado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
